En los últimos años hemos asistido a la proliferación de nuevos modelos de negocio que, bajo el paraguas conceptual de la llamada economía colaborativa, proponen servicios de transporte de mercancías o pasajeros a través de flotas de repartidores o de transportistas asociados que no mantienen una relación laboral con los organizadores. La teoría es la de una concertación de servicios más bien autónomos, voluntarios y flexibles. Y la duda es si esta fórmula es legal o está enmascarando, en muchos casos, una deslaboralización ilícita a voluntad de las empresas que la promueven.

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