A Apple se le están poniendo las cosas feas en uno de sus mercados más importantes, China. Tras la retirada del modelo iPad de la mayoría de las tiendas chinas por un problema con el registro de marca ostentado por una empresa taiwanesa (Proview Technology), ahora se ha encontrado con una demanda dirigida por 22 escritores chinos, nada menos que por piratería. La demanda no es cualquier cosa; los perjudicados, según la prensa, estarían reclamando cerca de 6 millones de euros (50 millones de yuanes).

¿A qué piratería se refieren los demandantes? Sencillamente, y según ellos, Apple estaría distribuyendo a través de la app store de iTunes cerca de 95 obras literarias de las que son autores sin la correspondiente licencia. Es decir, que Apple estaría vendiendo unos libros electrónicos para los que no tiene autorización. No, definitivamente no es cualquier cosa.

La Alianza de Derechos de Autor china (el equivalente aproximado a nuestra SGAE o, en este caso y más aproximadamente, a CEDRO) habría denunciado esta práctica ya anteriormente frente a Baidu (el Google chino), que también distribuía en su librería online obras protegidas sin la correspondiente licencia.  Apple se ha anticipado a retirar las obras objeto de reclamación, a la espera de comprobar qué sucede finalmente.

Tampoco este problema es nuevo. Hace unos años, Amazon se enfrentó a una situación semejante con dos obras de George Orwell (Rebelión en la Granja y 1984), que habían sido ofrecidas en descarga y vendidas sin que Amazon tuviera los efectivos derechos de reproducción y distribución correspondientes sobre ellas. Los herederos de Orwell no habían transmitido esos derechos para la modalidad de explotación digital a las editoriales que contrataron con Amazon, por lo que, cuando éstas los cedieron, no tenían la autorización para llevar a cabo tal cesión en el campo online. En esta situación, Amazon tuvo que retirar los títulos, e incluso los borró de los e-books de los usuarios que los habían adquirido ya, lo que ocasionó un revuelo considerable.

No tengo más detalles del affaire chino por el momento. Ignoro si Apple se apropió por las buenas de la versión digital de las obras reclamadas (cosa que, sinceramente, dudo) o si las colocó en descarga confiando en que había recibido efectivamente los derechos imprescindibles para ofrecerlas. Sea como sea, y si esos derechos no habían sido realmente cedidos, la explotación materialmente acometida por Apple es ilegal, con lo que debería cesar de inmediato en ella, exponiéndose a la consecuente indemnización de los perjuicios causados, y todo ello al margen de la eventual responsabilidad añadida de los intermediarios transmitentes, si los hubo.

Porque estos son tiempos extraños para los editores. No entraremos hoy a diseccionar las muchas particularidades del contrato de edición en nuestra legislación (realmente no son pocas, y las contempla la Ley de Propiedad Intelectual en sus artículos 58 a 73), pero sí a llamar la atención brevemente sobre los problemas que la posibilidad de explotar y comercializar obras literarias directamente en la red puede causar.

En teoría, cada escritor que celebra un contrato con un editor a día de hoy tiene muy probablemente en su acuerdo al menos una cláusula sobre la explotación online de sus obras. La venta para descarga ocupa hoy un volumen de negocio creciente para las editoriales, con lo que contemplarla en contrato es más que importante. Quiero decir que con un contrato a la antigua usanza no se puede acceder sin más a editar el libro de que se trate en papel y, por la misma vía, acceder a explotarlo online. Son modalidades de explotación distintas, y como tales deberían estar contempladas en cada contrato que se firme.

Para un editor, no es lo mismo publicar un libro físico que editar uno online. Aun a riesgo de ser demasiado reduccionista, diremos que hacerlo virtualmente es mucho más rentable. Lo es porque un libro online no tiene que imprimirse, ni encuadernarse, ni cargarse en palés y almacenarse, ni distribuirse en camiones hasta llegar a las estanterías de las librerías, ni necesita ser devuelto en caso de no venderse. Un libro electrónico no corre el riesgo de convertirse en un fracaso editorial (al menos no en uno grave) si no se vende; no hay  ejemplares almacenados con los que no se sepa qué hacer, ni tiene verdadero sentido la venta en saldo (o la destrucción de que habla el artículo 67 de la Ley) si no salen comercialmente, no hay que pagar almacenamiento, no hay pérdidas por producción de tirada excesiva. Si un libro online no se vende, todo lo que hay es un número limitado de copias electrónicas del mismo alojadas en algunos servidores: no generan apenas gastos añadidos, ni tienen que cargar con un deber de rentabilidad por relación a una tirada que, como tal, no existe. De cada libro electrónico vendido el editor, en principio, extrae un margen de beneficio muy superior (los costes han sido infinitamente menores que los que debe soportar en un ejemplar físico), lo que hace que la explotación online sea preferida por todas las grandes editoriales cuyas obligaciones comerciales superan la dedicación artesana a la edición limitada o el libro como objeto. En el mundo de los bits no hay tapa dura, no hay calidad de papel, no hay coste de tinta, no hay límite para ilustrar la cubierta o el propio libro…hay un archivo informático ligero y esencialmente reproducible que se fabrica a ritmo de venta (que se va reproduciendo por cada solicitud de descarga), simplemente.

Por eso, el reparto de beneficio sobre ejemplar vendido no debería regirse -en principio- por el mismo patrón que el correspondiente a ejemplar descargado. Sobre el precio final de descarga, el coste de producción electrónica ocupa una proporción mucho menor que la que ocupa el coste de producción física, con lo que el margen aumenta. Tampoco otros aspectos sustanciales del contrato de edición convencional (fundamentalmente, la previsión de número máximo y mínimo de ejemplares que alcanzará la edición, de la que habla el artículo 60.3, y que resulta ser uno de los aspectos básicos del propio contrato de edición en su configuración legal) tienen una aplicación efectiva en el contexto online, en el que se va vendiendo según se va solicitando la descarga.

Por todo esto no creo exagerado suponer que, ahora que el Ministerio de Cultura anuncia una nueva Ley de Propiedad Intelectual para antes de dos años, la explotación virtual de obras literarias o musicales tendrá una regulación más exacta. Al menos, es realmente de desear.