SOPA es el acrónimo para Stop Online Piracy Act, un Proyecto de Ley introducido en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el pasado 26 de octubre de 2011 por el congresista Lamar S. Smith (miembro del Partido Republicano, y electo por el Estado de Texas), presentado como un instrumento legal para ampliar las facultades de los titulares de derechos de Propiedad Intelectual -fundamentalmente productores y editores- para impedir el tráfico ilegal de contenidos en Internet.

Por su parte, PIPA es el acrónimo para Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act, Proyecto presentado el pasado 12 de mayo de 2011 a iniciativa del senador Patrick Leahy (miembro del Partido Demócrata, electo por el Estado de Vermont), cuya finalidad es la de dotar de medios adicionales a los titulares de derechos y al propio Gobierno para impedir el acceso de los usuarios de la Red a páginas web que alojen contenidos ilegales, incluso fuera de los Estados Unidos. El Proyecto PIPA es, en realidad, la versión actualizada de otro anterior (COICA, Combating Online Infringement and Counterfeits Act) que ya fue tramitado sin éxito en 2010.

Tanto el Proyecto SOPA como PIPA han hecho correr ríos de tinta en la prensa internacional y han despertado reacciones de toda naturaleza en los últimos meses. Al margen de las reacciones extraoficiales (la guerra virtual declarada por Anonymous), también algunos de los principales proveedores oficiales de servicios online han manifestado su rechazo convocando y llevando a cabo un apagón de servicios. La presión ha sido tal que, en este momento, SOPA y PIPA han visto aplazada su votación en el Congreso norteamericano.

En mitad de toda esta agitación, y como ya es sabido, el FBI ha procedido a intervenir y cerrar el portal de intercambio Megaupload, haciendo detener en Nueva Zelanda a su responsable Kim Schmitz, y bloqueando totalmente su acceso en todo el mundo.

Bien, en esta guerra tenemos dos bandos y una serie de aliados cambiantes. De un lado están los promotores de las medidas, fundamentalmente la industria cinematográfica y discográfica representada por las principales empresas multinacionales. Su posición es clara: las producciones que basan su negocio no pueden quedar inmediatamente a disposición de cualquier usuario de forma gratuita, porque la generalización de esta conducta conduce a la ruina. Si gasto en producir y mi producto termina gratis en manos de quien lo quiera, todas mis inversiones fracasan y mi negocio se evapora.

Del otro lado, centenares de asociaciones de usuarios y grupos más o menos organizados que rechazan cualquier limitación del flujo de contenidos en la Red: si la Red es de acceso libre, libres tienen que ser también sus contenidos. Aquí tal vez pueden distinguirse dos facciones. Están quienes insisten principalmente en los peligrosos efectos colaterales de estas medidas y apuntan a que su aplicación conduciría en la práctica al  establecimiento de un control abusivo de la Red y de sus usuarios, y están quienes simplemente exigen que la circulación de archivos e informaciones sea libre sin limitaciones, independientemente de su contenido, y en particular de los derechos de Propiedad Intelectual.

En medio del fuego cruzado, los grandes portales como Google no manifiestan ninguna oposición a la protección de los derechos de Propiedad Intelectual y dicen sumarse a esa finalidad, pero rechazan las facultades de intervención y control que el Estado estaría obteniendo en virtud de SOPA. Su posición es más complicada: la gran industria cultural está entre sus clientes, pero son los usuarios quienes hacen rentable en última instancia su modelo de negocio.

La eventual aprobación de SOPA puede tener, sin duda, repercusiones importantes para la propia estructura de funcionamiento de Internet. En su virtud, el Departamento de Justicia, a instancias de los titulares de derechos, podría solicitar y obtener órdenes judiciales contra las webs o servicios que permitan o faciliten la infracción de derechos de Propiedad Intelectual, exigiendo de los proveedores de servicio el íntegro bloqueo de toda web o servicio ilegal, la congelación de fondos (esto afectaría especialmente a servicios como Paypal), la eliminación de publicidad (Google Adsense, por ejemplo, debería retirar cualquier contenido publicitario de una web denunciada) e incluso de todo enlace que condujera a dichas webs por terceros. Además de todo lo anterior, SOPA prevé actuaciones penales realmente severas.

El efecto indeseable que señalan los detractores de SOPA (y  me centraré en los que al menos hacen el esfuerzo de argumentar algo más allá del yo quiero todo gratis) consiste en denunciar la cuarentena de la Red. El anonimato en la Red -se dice- desaparece sujetando a todo usuario a un control de identificación y sometiéndolo a una especie de supervisión invisible, a la que se añade una sospecha constante; en cualquier momento, cualquiera puede infringir la legalidad mediante algo tan simple como colgar un enlace, y nadie podrá transmitir información a terceros sin estar vigilado. La palabra que comienza a usarse es censura.

Bien, es obvio que estas formulaciones resultan bastante orwellianas. Cuando en este mismo blog hablamos sobre la Ley Sinde (nacida sin duda de la misma iniciativa internacional que COICA, PIPA y SOPA), objetamos que en buena medida era una norma redundante porque no permitía nada que la propia Ley de Propiedad Intelectual (además del Código Penal) no viniera permitiendo desde mucho tiempo atrás: el cierre de webs infractoras está perfectamente al alcance de cualquier titular de derechos infringidos con sólo solicitarlo de un Juez, igual que el FBI no ha necesitado de la aprobación de SOPA para actuar con éxito frente a Megaupload y le ha bastado un mandamiento judicial. También se dijo que tenía el inconveniente de otorgar una presencia y unas facultades demasiado poderosas al Estado, invistiéndolo de una novedosa condición de vigilante de la Propiedad Intelectual que, tal vez por un prejuicio liberal, no me parece su papel natural.

Porque ciertamente la extensión de la Red es algo inabarcable, pero los derechos de Propiedad Intelectual siguen siendo de naturaleza esencialmente privada, razón por la que el desembarco de lo público es algo muy delicado: donde el Estado entra suele ser muy difícil desalojarlo después. Pero al mismo tiempo resulta que los titulares de derechos de Propiedad Intelectual se encuentran absolutamente desbordados y se sienten incapaces de actuar en defensa de sus intereses con armas estrictamente privadas, invocando una protección que sienten que no podrían procurarse por sí mismos.

Ahora vamos con los reproches: en primer lugar, creo sinceramente que los grandes productores y editores podían y debían haber sido más rápidos en la detección de los problemas que Internet podía desatar. En segundo lugar, creo que al menos algunos de ellos han sido en exceso reticentes a emplear las facultades que la Ley les otorgaba, y particularmente en el ámbito penal. Aunque puedo entender ese reparo: una industria que vive de comunicar directamente al público y que emplea gran esfuerzo en construir imágenes atractivas de proyección sociocultural (fundamentalmente, a sus artistas) seguramente ve poco prudente acompañar su promoción de una lluvia de querellas. En tercer lugar, creo también que a consecuencia de lo anterior los propios artistas y creadores en algunos ámbitos han sido inexplicablemente fríos con estas cuestiones: con los dedos de una mano pueden contarse los músicos o actores (entre los escritores ha sido algo más frecuente) que han salido a la opinión pública a criticar la piratería o se han atrevido a declarar que ellos también viven de los discos que se venden, como si se sintieran avergonzados de cobrar royalties. O como si, en realidad, no los cobraran cuando sí lo hacen. Cierto que ha habido excepciones, pero todos coincidiremos en que Ramoncín no estuvo muy fino jugando ese papel.

Además hay algo que no puedo pasar por alto. Entiendo que Google, por ejemplo, reaccione contra SOPA. Porque SOPA puede suponer un serio inconveniente para su desarrollo y ser un auténtico quebradero de cabeza, pero presentar su posición como una especie de resistencia a la censura es algo discutible: cuando el Gobierno chino ha impuesto a Google una verdadera y expresa censura de contenidos en su territorio y la filtración vigilada de sus servicios para que ningún ciudadano pueda acceder a según qué páginas o según qué informaciones, Google ha aceptado y se ha dejado tutelar sin mayores protestas ni, desde luego, apagones. 

En cuanto a los abiertos detractores de estas iniciativas, puedo compartir una preocupación por la vigilancia intensiva de la Red, y una desconfianza hacia la capacidad de los Gobiernos para limitarse a la verificación del respeto de la Propiedad Intelectual. Pero el hecho es que también creo que la vigilancia a la que somos sometidos en mayor o menor grado todos los usuarios de Internet no tenía que esperar a Proyectos como SOPA o PIPA para empezar a preocuparnos, y existe de hecho desde hace tiempo. No creo que estemos en un remake virtual de La Vida de los Otros en el que un oscuro funcionario siga nuestros pasos, sino que buena parte de ese control ya lo ejercen precisamente servicios como Google, con o sin la intervención añadida de un Gobierno…¿os habéis preguntado alguna vez cuánta información sobre cada uno de nosotros puede deducirse sin mayor esfuerzo usando solamente el historial de navegación o de búsquedas de un par de días? Eso es algo que tenemos asumido y en lo que generalmente preferimos no pensar, pero que existe de todos modos. Y nadie hackea Google para protestar por la invasión de la privacidad.

Cuando en un medio de comunicación vemos que las brigadas informáticas de la policía (y la policía depende del Gobierno) han desmantelado una red de pornografía infantil infiltrándose en servidores, foros y correos, no nos preocupamos. Es un delito grave y es algo que todos rechazamos, con lo que damos por bueno que se actúe de ese modo. No queremos reparar en que quien tiene los medios para detectar y detener pederastas también los tiene para vigilarnos a todos. Y nos cuidamos de denunciar esas posibilidades de control, porque se han aplicado contra algo que no discutimos. Pero están ahí.

Por fin, y en lo que hace específicamente a la protección de derechos de Propiedad Intelectual, debo reconocer que este es un dilema difícil: o admitimos que deben protegerse y aceptamos que esa protección es papel mojado sin instrumentos eficaces o nos desentendemos de ella y aceptamos a cambio que la industria de producción cultural pueda terminar en números rojos y ser definitivamente incapaz de producir. El nudo gordiano está en la ponderación de qué medios son eficaces y qué medios no lo son, o en qué precio puede tener la implantación de unos y otros. Ni matar gorriones a cañonazos ni dejar que crezcan hasta convertirse en cuervos. Muy sencillo, pero…¿cómo se hace?