La noticia, tal cual la he conocido, viene a ser así: la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de Mexico está estudiando, a iniciativa de la diputada Lizbeth Rosas, la posibilidad de implantar un contrato matrimonial temporal y renovable cada dos años. Hasta aquí, todo en orden. Podemos discutir acerca de la oportunidad de la cuestión, de la alteración de la institución jurídica del matrimonio o de la posibilidad de que la iniciativa tenga eco en otros países.

Pero hay segunda parte: una abogada y un psicólogo coruñeses afirman que esa idea es originalmente suya, y al parecer figura registrada. Jesús Reiriz y Mercedes de la Puente idearon un contrato matrimonial renovable de duración bienal y, siempre según la prensa, lo registraron bajo el nombre Modelo Reiriz en 1998. Una vez conocida la iniciativa mexicana, plantean la exigencia del reconocimiento de su autoría y solicitan a la aún ministra de Cultura, Angeles González Sinde, que interceda ante las autoridades mexicanas en defensa de sus intereses como autores.

Pregunta: ¿un contrato es registrable? O más exactamente, ¿tiene la condición de obra protegible?. Si vamos al artículo 10 de nuestra Ley, tienen naturaleza de obras protegibles las creaciones literarias, artísticas o científicas. Un contrato no es una obra artística, no puede considerarse obra científica y, en su esencia, tampoco es una obra literaria. Atención: un contrato sí es técnicamente registrable como creación literaria, pero eso significa que la protección registral solamente alcanza a su forma de expresión, y en ningún caso a la idea subyacente.

Vayamos ahora a esa idea subyacente. Plantear que el matrimonio pueda configurarse legislativamente como un contrato sujeto a término y renovable por voluntad de las partes no es una innovación de tal grado que quepa atribuirle una originalidad significativa. Yo puedo plantear, por ejemplo, que en los arrendamientos urbanos la prórroga deba ser expresamente acordada en todo caso y que, si no se formaliza ese acuerdo de prórroga, el silencio equivalga a la renuncia del arrendador a la propiedad, de forma que el arrendatario se convierta en nuevo propietario del inmueble y pueda obligar al arrendador a elevar a escritura pública la transmisión de la propiedad. Esta idea puede parecer disparatada o muy ingeniosa, y  si yo estoy convencido de lo segundo, nada me impide pasar por el Registro, darle un título y tratar de inscribirla. Tal vez lo logre. Y también es muy posible que yo quede convencido de que he acotado una posibilidad jurídica, la he sustraído del mundo de la mera especulación y la he incorporado a mi patrimonio como creación propia y original. De manera que si alguien, en algún momento, decide regular el arrendamiento incorporando esa idea, estará aprovechando mi esfuerzo creativo.

Sin embargo, la realidad es que todo lo que tengo registrado es la mera forma de expresión de mi idea, como construcción expositiva de carácter literario. Y es igualmente real que muy posiblemente esa forma adolezca de falta de originalidad suficiente como para que en realidad se pueda considerar una obra: ni el concepto de arrendamiento, ni el de prórroga, ni el de manifestación expresa, ni el de renuncia, ni el de transmisión de la propiedad ni el de elevación a público son de mi creación. Que yo los haya compuesto de tal manera que concatene uno con otro de una determinada forma no es algo que merezca el juicio de originalidad indispensable para que lo pueda reclamar como propio. Lo siento, pero no he creado nada protegible.

Y aquí sucede lo mismo: el concepto de matrimonio no es creación de los autores del Modelo Reiriz. Tampoco el planteamiento de su temporalidad, ni el de la posibilidad de renovación de una relación jurídica. Probablemente ni siquiera la idea de una vinculación cuasimatrimonial sujeta a término lo sea. Y la mera plasmación técnica de esos conceptos en una exposción de vocación contractual (siquiera a título de modelo) difícilmente puede añadir una originalidad tal que merezca el juicio de obra en sentido jurídico. Dicho en otras palabras: manejar conceptos preexistentes para componerlos de una forma meramente singular (por no existente en sentido normativo) no es un acto de creación que merezca protección. Los tratados doctrinales están llenos de propuestas de lege ferenda (planteamientos acerca de cómo la Ley debiera ser, o cómo podría ser) que, como tales, no son ni pueden ser propiedad de sus autores. De lo contrario, cada vez que un autor planteara una posibilidad de reforma y al cabo del tiempo la Ley fuera reformada en un sentido coincidente, los legisladores tendrían que pasar por caja y retribuir al autor. Los tratados doctrinales sí son obras, pero lo son por su forma expositiva, su desarrollo, su construcción y su expresión, no por las realidades jurídicas sobre las que tratan.

Y si no hay obra en el punto de partida, tampoco la hay en el de llegada. Nuestra Ley dice en su artículo 13 que no son objeto de propiedad intelectual las disposiciones legales o reglamentarias y sus correspondientes proyectos, las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así como tampoco lo son las traducciones oficiales de todos los textos anteriores. Luego si un proyecto de ley no es una obra, difícilmente puede ser una obra plagiaria. Las leyes no tienen autor en sentido estricto: tienen redactores más o menos visibles, o incluso popularmente pueden ser conocidas con el nombre de su impulsor político (todos recordamos la Ley Corcuera o el Decreto Boyer), pero no son obras sobre las que nadie pueda reclamar derechos de propiedad intelectual.

Si vamos a la Ley Mexicana, las cosas no son demasiado diferentes: la Ley Federal de Derechos de Autor toma el fundamento de la originalidad como presupuesto para el reconocimiento de la condición de obra (artículos 3 y 4.c.1), que refiere a creaciones literarias y artísticas (artículos 11, 12 y 13), y del mismo modo excluye cualquier posibilidad de reconocimiento de autoría sobre los textos legislativos, reglamentarios, administrativos o judiciales.

Los autores del Modelo Reiriz han manifestado que no quieren un pleito con Mexico. En ese sentido, creo honestamente que no debieran preocuparse: dudo que haya base sólida para plantearlo.

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