Desde hace no mucho tiempo, el modelo de trabajo llamado coworking  ha empezado a extenderse. El coworking es una fórmula que habilita un espacio para que distintos creadores puedan trabajar ahorrándose el coste de un local propio, accediendo en su lugar a uno compartido en que coinciden varios de ellos. Los coworkings son locales que ofrecen servicios básicos (conexión a redes, espacio físico de trabajo, servicios comunes) a profesionales que se instalan en ellos para realizar sus actividades.

Aunque como modelo de negocio y como forma de organización, el coworking es un fenómeno novedoso, su trasfondo jurídico no puede considerarse del mismo modo una innovación, sino más bien una reunión de aspectos diferentes no demasiado frecuente hasta ahora. Lo que sucede por eso mismo es que, a la hora de regular un coworking, o de tratar de darle un reflejo jurídico por vía contractual, hay que componer un buen puñado de aspectos diferentes que se presentan unidos, y que hasta ahora no solían coincidir en el mismo entorno.

Para empezar, un coworking es, llanamente, un arrendamiento: el coworker alquila un espacio y unas instalaciones que el responsable le ofrece a un precio (semanal, mensual). Como tal, se trata de un arrendamiento parcial de local de negocio en el que el responsable ofrece ese espacio que el coworker dedicará a una actividad propia. En realidad, puede ser de muchas formas distintas: el responsable puede ofertar una mesa, una silla, un espacio adicional, una conexión eléctrica, una conexión a Internet y una línea telefónica, más un acceso a servicios comunes, o sólo algunos de estos elementos. Y el coworker puede ser un freelance activo que trabaja o ser alguien ocioso que simplemente quiere un espacio para su tiempo libre. La realidad del coworking, sin embargo, apunta a que el genuino coworker es un diseñador, o programador, o creador que necesita ese espacio para trabajar, y el genuino responsable alguien que actúa ofreciendo los mejores servicios para atraer clientes-coworkers pensando en ese perfil.

En segundo lugar, un coworking es una cuasi-comunidad, porque la pluralidad de personas trabajando en un mismo entorno facilita la colaboración o la organización de proyectos y trabajos conjuntos, pero no la presupone (los coworkings fomentan esa colaboración, y de hecho este es uno de sus valores, pero no la imponen ni mucho menos excluyen el trabajo individual) . Los coworkers pueden asociarse, trabajar en común o no hacerlo, manteniendo su autonomía dentro del entorno. La importancia de esta realidad estriba en que los coworkers pueden, dentro del mismo espacio, cooperar y generar creaciones en colaboración o ser competidores directos. Y en ambos casos tienen una serie de prevenciones que cuidar: su know-how, sus conocimientos, sus creaciones o desarrollos pueden confluir con las de otros para generar algo aprovechable o pueden convertirse en un secreto que mantener a toda costa en un entorno en el que la discreción y la confidencialidad se complican.

En tercer lugar, un coworking es un espacio de generación de creaciones: los coworkers pueden estar produciendo obras informáticas, gráficas o literarias, elaborando diseños industriales o preparando modelos de utilidad, etc. cuya producción final puede generar problemas a la hora de definir titularidades y derechos.

Por eso, a la hora de definir un contrato de coworking o a la hora de programar un reglamento que trate de disciplinar la actividad conjunta de los coworkers, hay que valorar todos esos aspectos con cuidado:

Desde el punto de vista arrendaticio, precisando qué servicios se ofrecen y cuáles no. Qué acceso tiene el coworker a los mismos, y si esos servicios entran en el precio-renta mensual o son añadidos que el coworker deberá contratar por separado.

Desde el punto de vista de la vinculación entre el coworker y el responsable, dejando claro que la suya es una relación mercantil y no de otra naturaleza: el coworker no trabaja para el responsable, es independiente, actúa por cuenta propia, no está sujeto a horario ni calendario más que los que se asigne él mismo dentro del horario de actividad común, utiliza sus propios medios materiales y desarrolla su propio trabajo en régimen de autoorganización. El responsable no obtiene ningún beneficio del trabajo realizado por el coworker más allá del pago de la renta, ni organiza o dirige el mismo.

Desde el punto de vista de las responsabilidades: el posible incumplimiento por el coworker de sus obligaciones fiscales o sociales, etc. no debe transmitirse al responsable-organizador. Si el coworker es autónomo (lo más frecuente), el pago de sus cuotas y sus impuestos nada debe tener que ver con el responsable, pues es ajeno a ello.

Desde el punto de vista del uso por el coworker de su espacio: el responsable debe ser ajeno a ese uso, especialmente si consideramos que el coworker podría, llegado el caso, usar del mismo para fines ilícitos. El responsable dota al coworker de conexión a Internet, pero…¿qué sucede si esa conexión es usada para hackear una web, o si lo es para vulnerar derechos de Propiedad Intelectual de terceros?

Desde el punto de vista de la confidencialidad: el responsable podría asumir una obligación de confidencialidad respecto de lo que se genere o proyecte en su instalación, pero el hecho es que la realidad indica que es poco probable que vaya a adquirir conocimiento sobre lo que el coworker desarrolla. Esa confidencialidad tendrá mucho más sentido entre coworkers (a fin de cuentas, comparten un espacio reducido y es probable que lleguen a conocer datos o informaciones sensibles de otros coworkers), aunque en un plano diferente…¿cómo lograr que los coworkers respeten la confidencialidad de otros compañeros, si no están vinculados contractualmente entre sí?

En adelante, trataremos de dar respuesta a algunos de estos interrogantes en una serie de posts que dedicaremos a entender mejor las particularidades y aspectos resbaladizos del fenómeno coworking.