La Audiencia Provincial de Barcelona dictó, el pasado día 7 de julio, una sentencia confirmatoria de la en su día dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de la misma ciudad, que desestimaba a su vez la demanda interpuesta por la SGAE contra una web de enlaces que exhibía links de descarga de obras fonográficas y audiovisuales. La Audiencia mantiene en sus términos fundamentales lo resuelto por el Juzgado, y absuelve a la demandada (a los responsables de la web controvertida) por estimar, en lo esencial, que a través de la web de autos no se han llevado a cabo actos inconsentidos de comunicación pública o reproducción de obras protegidas, tal y como la demandante argumentaba.

Esta no es una historia nueva, como tampoco lo es el sensacionalismo con el que la prensa acostumbra a tratar resoluciones como la aquí comentada y su contenido: la Ley Sinde contra las cuerdas es el titular menos llamativo de cuantos he podido leer. A estas alturas, ya parece inútil repetir -por enésima vez- que estas controversias ni guardan la menor relación con la Ley Sinde ni necesitan de lo introducido en ella para sustanciarse ante un Juzgado, y mucho menos para ser resueltas. Supongo que esta es otra batalla perdida, y que habrá que resignarse a que los medios de comunicación persistan en su tenaz ignorancia de la realidad, induciendo a la gente a creer que las descargas eran siempre libres, gratuitas y hasta aconsejables hasta que llegó la Ministra Sinde y decidió robarle el caramelo a un niño para dárselo a Teddy Bautista, que se lo guardó en el bolsillo mientras emitía risotadas dignas de Vincent Price. De todos modos, lo que Bautista haya hecho con los caramelos es ya otra historia.

Regresando al Planeta Tierra, lo que nos encontramos en esta resolución es -sin ánimo de ser exhaustivos en todo cuanto contiene- un tratamiento judicial expreso sobre el régimen en que se encuentran las páginas web que incorporan enlaces de descarga cuyo seguimiento permite acceder a obras protegidas. En el caso de autos, la web en cuestión disponía de forma ordenada numerosos enlaces que conducían a redes P2P o a servidores externos (como Megaupload) en que se encontraban alojadas reproducciones no autorizadas de obras musicales y audiovisuales comprimidas en formato mp3 (o .avi, .mpeg, etc.). El seguimiento de estos enlaces abría el sistema P2P permitiendo al usuario el empleo del mismo para descargar el archivo que contenía la obra (cosa que exigía previamente que el dicho usuario se encontrara registrado en tal sistema de intercambio, pues de lo contrario la descarga no se llevaba a efecto), o bien lo conducía al servidor de descargas desde el que podía ejecutar esa descarga. En todos los casos, la web no contenía por sí los archivos descargables, sino que redirigía a los usuarios a los lugares virtuales en que los mismos habían sido colgados por terceras personas, no vinculadas -o al menos no se ha acreditado que lo estuvieran- a los responsables de la web.

El centro jurídico de lo que la sentencia dice es, explicado de la forma más sencilla, que este comportamiento consistente en advertir, o disponer un enlace que lleva a un término en el que se encuentra una obra reproducida y descargable, no es por sí infractor de los derechos de explotación de las obras afectadas. Y no lo es porque las definiciones que la Ley de Propiedad Intelectual da tanto de la comunicación pública como de la reproducción, como actos de explotación típicos, no permite entender que los responsables de la web hayan usurpado las facultades inherentes a dichos actos. El ofrecimiento de un enlace -dice la sentencia- no supone un acto de disposición sobre el archivo a que conduce, ni por ello mismo implica una disposición del contenido de dicho archivo, que lo es una obra protegida. No hay una puesta a disposición del archivo desde el momento en que dicho archivo sólo puede tenerse por puesto a disposición en el ordenador del usuario que hubiere alojado por sí la obra disponible para descarga en el ámbito de una red P2P, y no en la web que señala el enlace. Los datos que componen el archivo descargado, una vez se ha accedido a él, no pasan por la web de enlaces, sino que fluyen de forma directa entre el ordenador del usuario P2P que hubiere ofrecido ese archivo y el usuario que, siguiendo el enlace, llegare hasta él y decidiera de forma autónoma descargarlo. Lo mismo sucede cuando el enlace conduce a un servicio de alojamiento independiente como Megaupload: la descarga la decide unilateralmente el usuario que ha llegado hasta ese archivo siguiendo el link y no quien dispuso el propio link, y el flujo de datos se produce entre el servidor como tal y el usuario copista, sin que la web intermediaria intervenga en nada.

En estas condiciones, se entiende que la web ni reproduce archivos ni los comunica. No los comunica porque lo que hace al exhibir el link es señalar que los mismos existen en un determinado lugar virtual (o que existían en él al momento en que el enlace se incluyó en dicha web), pero no proporcionar su ejecución o copia directamente, ni intervenir en su reproducción material o coadyuvar a la misma como acto ejecutivo. Y no hay reproducción porque dicha reproducción sólo puede decidirla, descargando materialmente el archivo, el usuario final que accede al destino conducido por el link y decide por sí descargar o no hacerlo. La labor de enlazar sin intervenir en la descarga -dice la sentencia- no entra dentro del núcleo constitutivo del acto de reproducción tal y como lo define el artículo 18 de la Ley (al igual que tampoco puede incardinarse en el concepto legal de comunicación pública del artículo 20 del mismo Cuerpo Legal). En resumidas cuentas: en España, facilitar u orientar a los usuarios la búsqueda de obras que puedan ser objeto de intercambio a través de una red P2P o desde un servicio de alojamiento y descarga constituye un acto de favorecimiento de la reproducción o la comunicación ilegales, pero no un acto ilícito en sí.

Y hasta aquí, todos contentos: señalar enlaces no es ilegal. Indicar dónde o cómo pueden obtenerse reproducciones no autorizadas no es una infracción. La infracción es subir esos archivos, instalarlos en un directorio y abrirlos a la descarga de otros usuarios en una red P2P ofreciendo materialmente y de forma directa su copia, o alojarlos en Megaupload (o Fileserve, Filesonic, Wupload…) y comunicarlos como tales. Infracción también es descargar sin autorización esos archivos una vez que se ha accedido a ellos, pulsar el botón derecho del ratón o el enlace directo de descarga ofrecido junto al archivo digitalizado. Pero indicarlos no. Estaba tentado de usar la expresión invitar a la descarga, pero lo cierto es que -aunque en mi fuero interno considere estas conductas como una invitación en toda regla-, el componente subjetivo de esa invitación me parece lo bastante resbaladizo como para abstenerme sin más consideraciones.

Sin embargo, el cuadro que resulta es asimétrico: la subida y oferta de descarga es ilegal, la descarga material también lo es pero, en cambio, tenemos aquí que la conducta de enlace entre el que sube y el que descarga, que en muchas ocasiones es el vínculo necesario para que ofertante y demandante de reproducciones ilegales se encuentren, resulta legalmente inocua. De manera que esta es una cadena en la que el eslabón central se vuelve invisible, y la posibilidad de intervenir para que la cadena se rompa tropieza con dificultades enormes. Que alguien me lo explique.