El de neutralidad de la red es un principio (en origen académico, después incorporado a la normativa) por el que los proveedores de servicios de internet -y los poderes reguladores- deben dar el mismo trato a todo el tráfico de datos, quedando prohibido cobrar a los usuarios una tarifa u otra dependiendo del contenido, página o aplicación a que accedan, o del tipo de equipamiento que utilicen para ello​. La neutralidad de la red pretende, básicamente, evitar que los proveedores carguen tarifas añadidas por visitar alguna web o impongan precios adicionales a los usuarios por enviar información a través de sus redes.

​En el ámbito legal, y especialmente en la Unión Europea, este principio se encuentra reflejado en el Reglamento 2015/2120, por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una internet abierta. En su texto (artículo tercero), el Reglamento impone una obligación general de trato equitativo y no discriminatorio del tráfico que se afirma para garantizar a los usuarios el pleno derecho a acceder a la información y a los contenidos, así como a distribuirlos, usar y suministrar aplicaciones y servicios utilizando los equipos de su elección con independencia de su ubicación o del proveedor, o del origen o destino de la información, contenido, aplicación o servicio, a través de su servicio de acceso a internet. Paralelamente, el Reglamento prohíbe a los proveedores poner en práctica cualquier acuerdo o práctica comercial que limite este derecho.

Y es aplicando estas normas que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera, en la sentencia dictada ayer mismo día 15 de septiembre, que resulta contrario al Derecho Comunitario que un proveedor de Internet permita a los usuarios utilizar determinadas aplicaciones o servicios sin descontar el consumo de datos que hagan dentro del volumen que tengan contratado mientras que, al mismo tiempo, aplica medidas de limitación o ralentización del tráfico para otras aplicaciones y servicios.

El litigio que resuelve el TJUE en esta sentencia parte de los paquetes MyChat y MyMusic que ofrecía en Hungría el operador Telenor, paquetes que permitían a sus suscriptores disfrutar de un volumen de datos determinado sin que la utilización de ciertas aplicaciones -Facebook, Instragram o Spotify, por ejemplo- se descontase del total contratado. Es decir, que estas aplicaciones disfrutaban en la práctica de una suerte de ilimitada tarifa cero, de modo que el usuario podía agotar todos sus datos pero seguirlas utilizando sin restricción, mientras que otras aplicaciones sí quedaban bloqueadas, o su uso se ralentizaba, al consumirse los datos contratados.

La Oficina Nacional de Medios y Comunicaciones de Hungría consideró que esta política podía ser contraria a las exigencias de trato no discriminatorio que impone el Reglamento Comunitario, y exigió a Telenor mediante una resolución que cesara en su práctica. Telenor reaccionó recurriendo esta resolución ante el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital), que decidió plantear al TJUE una cuestión prejudicial solicitando aclaración sobre cómo debe aplicarse el artículo 3 del Reglamento 2015/2120 en este supuesto. La decisión tiene su importancia, porque hasta el momento el TJUE no había tenido ocasión de pronunciarse sobre este Reglamento, ni de asentar una interpretación sobre su contenido y, en especial, sobre el principio de neutralidad que recoge su artículo tercero.

Lo que el TJUE ha resuelto finalmente en su sentencia es que los paquetes que combinan una tarifa cero para algunas aplicaciones con medidas simultáneas de ralentización o bloqueo para otras son medidas que limitan claramente los derechos de los usuarios. Porque esos paquetes tienen el efecto indudable de favorecer el uso de algunas aplicaciones (las beneficiadas por la tarifa cero) en detrimento de otras, cuya utilización se ve dificultada o directamente impedida. Y porque constituyen materialmente un ejemplo de gestión no equitativa y discriminatoria del tráfico, pues no guardan ninguna relación con posibles requisitos técnicos que justifiquen que unas aplicaciones o servicios funcionen mejor que otros o sean, en la práctica, más accesibles, sino que el hecho de que su uso se pueda ver ralentizado o bloqueado depende exclusivamente de una decisión de carácter comercial tomada por el proveedor, que decide privilegiar unos servicios sobre otros por un interés, en última instancia, puramente económico.

De manera que la contravención del artículo tercero del Reglamento resulta, para el TJUE, palmaria. No se trata -como he visto anunciar equivocadamente en algunos medios- de una sentencia contra las tarifas planas, sino de una sentencia que consagra el principio de neutralidad en la red determinando que estas tarifas no pueden ser discriminatorias aplicándose de forma distinta en función de los servicios a que dan acceso. Dicho de otro modo, la tarifa de Telenor sería perfectamente legal si, al término del volumen de datos contratados, el bloqueo o la ralentización afectaran por igual a todas las aplicaciones.