Vivimos un momento extraordinario por lo excepcional de las circunstancias que nos ha tocado atravesar. No hace falta que lo diga: basta con echar un vistazo al BOE para darse cuenta de que la máquina legislativa echa humo y genera Reales Decretos con urgencia a diario. No digo ni mucho menos que sea una práctica que no tenga justificación en los momentos que afrontamos, pero eso no quita para que se abra paso la sospecha de que algunas de las medidas que se están adoptando no están muy meditadas y, o bien obedecen a precipitados propósitos políticos más que prácticos, o se están tomando con muy poca reflexión. Y estamos hablando de leyes, no de simples instrucciones para circular por la calle.

Ejemplo: en el apartado primero del artículo 36 del Real Decreto Ley 11/2020, publicado en el BOE de ayer día 31 de marzo, y bajo la rúbrica «Derecho de resolución de determinados contratos sin penalización por parte de los consumidores y usuarios«, podemos leer lo siguiente:

«Si como consecuencia de las medidas adoptadas durante la vigencia del estado de alarma los contratos suscritos por los consumidores y usuarios, ya sean de compraventa de bienes o de prestación de servicios, incluidos los de tracto sucesivo, resultasen de imposible cumplimiento, el consumidor y usuario tendrán derecho a resolver el contrato durante un plazo de 14 días

Hasta ahora, para los consumidores existía algo parecido llamado derecho de desistimiento que se encontraba regulado en el artículo 68 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, con el siguiente contenido: el derecho de desistimiento de un contrato -dice esta norma- es la facultad del consumidor y usuario de dejar sin efecto el contrato celebrado, notificándoselo así a la otra parte contratante en el plazo establecido para el ejercicio de ese derecho, sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización de ninguna clase. Y se diría que el legislador, muy sofocado y sin tiempo para pararse a pensar, ha tomado este concepto del derecho de desistimiento sin fijarse muy bien en qué es para coserlo deprisa a un Decreto rebautizándolo por el camino como una resolución contractual y así meterlo con calzador en el BOE.

El problema de esta novedosa regulación en el RDL 11/2020 es doble: por una parte generaliza de forma excesiva aludiendo sin ninguna restricción a todos los contratos suscritos por consumidores y usuarios (de compraventa de bienes o de servicios, sean los que sean, incluso -supongamos- una compraventa inmobiliaria) pasando por encima del hecho de que no es igual adquirir una televisión que un coche que un inmueble, como tampoco lo es adquirir un bien que concertar un servicio, y tampoco uno de prestación única que otro de tracto sucesivo (es decir, uno que se va prestando de forma sucesiva a lo largo del tiempo) y, por otra, porque se resuelve con toda simpleza diciendo que ese derecho se podrá ejercer si, como consecuencia de las medidas adoptadas durante la vigencia del estado de alarma, esos contratos resultasen de imposible cumplimiento.

No hay ni el menor asomo de qué condiciones deberían poderse apreciar para que la imposibilidad de cumplimiento o la consecuencia de la misma respecto del estado de alarma de que habla el RDL tan parcamente queden constatadas, ni tampoco la imposibilidad se define como mínimamente debería: es obvio que mi asistencia al gimnasio -por ejemplo- ha devenido imposible como consecuencia del estado de alarma pero, ¿hace eso de imposible cumplimiento la prestación que me ofrece el gimnasio y que, como tal, solo está impedida de forma transitoria -es decir, mientras dure la prohibición de acudir, que por otra parte se me impone tanto a mí como a la empresa-? En mi criterio, ni mucho menos: la prestación no ha devenido imposible sino que se ha visto transitoriamente impedida por un acto legislativo de vocación esencialmente temporal. No sabemos cuándo cesará, pero sí sabemos que lo hará en algún momento.

Por otro lado, lo que el RDL dice es que el consumidor podrá resolver el contrato. Resolver y desistir no son la misma cosa: el desistimiento que hemos visto es una facultad creada legislativamente en favor de los consumidores (y que, aunque lejanamente, viene a ser la plasmación normativa del viejo eslógan si no queda satisfecho le devolvemos su dinero) mientras que la resolución es una facultad que nuestras leyes civiles ponen en manos del contratante ante quien la otra parte hubiera incumplido, permitiéndole deshacer ese contrato, restituyéndose cada uno lo que dio y poniéndole de este modo fin, al margen de la posibilidad de reclamarse daños y perjuicios. El problema es que el RDL está regulando una resolución con el modelo operativo de un desistimiento (de ahí que añada la coletilla sin penalización, que no tiene que ver con la resolución contractual) creando un verdadero pandemonium de conceptos en el que nada queda claro y que, además, pretende partir de una nada clara imposibilidad sobrevenida que da acceso a una facultad resolutoria realmente mal definida (¿imposible… para quién?… ¿para la otra parte solamente?… ¿para el consumidor, para ambas?)… ¿Y qué decir entonces del concepto de fuerza mayor y del artículo 1105 del Código Civil, cómo se aplica aquí? Esto es un Frankenstein legislativo en toda regla. Y ya sabemos dónde llevan los Frankensteins en general.

Lo peor de todo es que esta escasa formulación nos conduce a un infinito de posibles problemas, muchos de los cuales no podrán ser resueltos sino en los Tribunales (que, entre que ya tienen una sobrecarga enorme en tiempos normales y el cerrojazo añadido que impone el estado de alarma, van a tener una vuelta a la normalidad que no le desearía a nadie, ni en la Administración de Justicia ni entre los justiciables)… Así que vayámonos preparando.