El pasado día 24 de febrero, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias dictó una Orden acordando la declaración de cuarentena para un establecimiento hotelero de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en el que se encontraban alojadas varias decenas de personas. La razón es de todos conocida: la detección de un caso diagnosticado de infección por coronavirus en la persona de un turista alojado en dicho hotel activaba las alarmas sanitarias y aconsejaba el aislamiento no solo de este paciente, sino de cuantas otras personas podían haber entrado en contacto con él y quedado así expuestos a un contagio.

Una declaración de cuarentena es una decisión administrativa que puede estar justificada en atención a la responsabilidad y deber de las Administraciones de preservar la salud pública, pero que en todo caso implica la restricción o limitación de una serie de derechos constitucionales, como lo es el derecho a la libre circulación por el territorio nacional (artículo 19) o más genéricamente el derecho a la libertad (artículo 17) en el sentido de que nadie puede ser privado de ella -retenido o detenido- sino con sujeción a lo establecido en la propia Constitución y en los casos y formas expresamente contemplados en la Ley. Desde luego, la alerta sanitaria debida a una posible epidemia es un asunto verdaderamente serio, y la rapidez en la reacción se constituye en un factor clave para la contención de riesgos. Sin embargo, y pese a la importancia que adquiere la eficiencia en este caso, la decisión de restringir la libertad de movimientos de un grupo de personas no deja de tener un carácter excepcional que requiere que una medida semejante sea autorizada o validada por un órgano jurisdiccional.

El artículo 8.5 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa dispone que corresponde a los Juzgados de lo contencioso la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública, si estas implican privación o restricción de la libertad o afectan a cualquier otro derecho fundamental. De modo que la Administración que adoptare una de estas medidas deberá acudir de inmediato ante el Juez competente para solicitar que la medida se autorice o, si ya ha sido adoptada por una razón justificable de necesidad, la ratifique legalizándola. El supuesto de hecho que marca la activación de esta intervención judicial exige que se trate de una medida cuya finalidad sea la salvaguarda de la salud colectiva, así como que deba adoptarse en una situación demostrable de urgencia y necesidad, habiendo resultado afectada la libertad o bien cualquier otro derecho fundamental. Los Juzgados de lo Contencioso no tienen de este modo el fin de verificar la correcta aplicación de la medida de cuarentena tanto como el de controlar que se aplica en una ponderada situación de prevalencia -siquiera transitoria- sobre los derechos fundamentales de los afectados, que son el genuino objeto de tutela.

En España tenemos normas habilitantes de la adopción de este tipo de medidas: el artículo 2 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública dispone que “las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad.” Por su parte, el artículo 26 de la Ley Orgánica 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, dispone que: “1. En caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o de sus instalaciones, intervención de medios materiales y personales y cuantas otras consideren sanitariamente justificadas. 2. La duración de las medidas a que se refiere el apartado anterior, que se fijarán para cada caso, sin perjuicio de las prórrogas sucesivas acordadas por resoluciones motivadas, no excederá de lo que exija la situación de riesgo inminente y extraordinario que las justificó.” Y por fin, en la Comunidad Autónoma de Canarias, el artículo 25.1 de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias dispone que “en caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que consideren pertinentes y sean necesarias y eficaces para hacer desaparecer aquel riesgo o mitigar al máximo los efectos de su eventual materialización, tales como las órdenes generales y particulares, de hacer, no hacer o tolerar, la incautación o inmovilización de productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas, centros o establecimientos o de parte de sus instalaciones, intervención de medios materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.”

De manera que, existiendo una previsión legal (incluso en una norma de rango orgánico, como hemos visto) y constatándose el carácter justificado de adoptar una medida materialmente limitativa de derechos fundamentales como es esta, la Administración puede proceder… aunque sin dejar de lado la necesidad de que un órgano judicial autorice o ratifique esa medida. Si el Juzgado no autorizara la adopción de la medida, esta no podría aplicarse, y si no la ratificara una ya aplicada, debería levantarse aquella.

Lo particular del caso de Tenerife es que los hechos acontecieron el pasado lunes día 24, día festivo en la Comunidad Canaria en que los Juzgados, como es lógico, estaban cerrados. ¿Y cómo se procedió en ese momento? Acudiendo al Juzgado de guardia, que en esa fecha era el Juzgado de Instrucción nº1 de la localidad de Arona. Un Juzgado de Instrucción es un órgano penal y no contencioso-administrativo, pero la urgencia de la situación no permitía esperar al día siguiente para cursar la petición ante el órgano correcto. El Juzgado de guardia tiene encomendada, de acuerdo con el artículo 42 del Reglamento de Actuaciones Judiciales, la competencia necesaria en esta materia, tratándose de días inhábiles y no encontrándose disponible el Juzgado de lo Contencioso -Administrativo como ocurría el pasado lunes en Santa Cruz de Tenerife; el Juez que en cada circunscripción judicial desempeñe el servicio de guardia puede conocer también, en cometido de sustitución, de aquellas actuaciones urgentes que la Ley asigna a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, siempre y cuando las mismas sean inaplazables.

La autorización fue completamente regular, legal, eficiente y además resultó convalidada, al mismo día siguiente, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, en un Auto que no solo acoge la decisión tomada sino que, en riguroso cumplimiento de todas las garantías legales, ordena a la Administración comunicar detalladamente a todas las personas afectadas las restricciones que conlleva esa medida, así como también informarles de su derecho a formular las alegaciones que consideren en relación con la imposición de la misma.

Este es, en fin, el procedimiento legal y judicial que debe seguirse en un caso de cuarentena, y la muestra de que la protección de los derechos fundamentales de las personas debe prevalecer incluso en situaciones alarmantes como la presente.