La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en su reciente sentencia nº 649/2019, de fecha 20 de diciembre, ha declarado legal y procedente el uso como prueba de las grabaciones realizadas por las cámaras de vigilancia instaladas en una joyería para confirmar la condena a prisión de un hombre que había atracado dicho comercio y agredido gravemente al joyero, así como la impuesta a su pareja y cómplice que, además de ser filmada por las mismas cámaras vigilando el establecimiento durante el atraco, vendió posteriormente algunas de las joyas robadas.

Se denunciaba por el recurrente la vulneración del derecho a la intimidad y a la propia imagen reconocido en el artículo 18 de la Constitución a través de las cámaras -situadas en el interior y exterior de la joyería- que grabaron imágenes los días anteriores y posteriores a los hechos, ya que esas grabaciones no solo abarcaban el espacio inmediatamente exterior al establecimiento sino también a las personas que transitaban por vías públicas, razón por la que se alegó que las grabaciones no respetaban la intimidad de los viandantes.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cuya sentencia se recurría, ya había dictaminado que las grabaciones no infringieron de ningún modo la legalidad, y el Tribunal Supremo -en el extenso Fundamento Tercero de la sentencia que comentamos- subraya ahora que debe considerarse constitucionalmente legítima la videovigilancia en las zonas comunes de los llamados espacios intermedios (cafeterías, comercios, zonas de tránsito público de las urbanizaciones, etc.) al no tratarse de una invasión del ámbito privado, sino de zonas abiertas al público dentro del radio de acción de la cámara en el núcleo de acceso a un comercio con fines de seguridad. El perjuicio a la imagen no existe si no se comete un delito pero, en este caso en que sí lo hubo, además se hacía necesaria para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la visualización de imágenes de personas sospechosas de la participación en el mismo.

La posibilidad de instalación de las cámaras de seguridad y vigilancia en comercios que capten lo indispensable en el arco de la seguridad de acceso a un comercio está avalado por la Agencia de Protección de Datos, destacando el interés público de la seguridad ante el que no se puede pretender alegar el propio de la imagen cuando se ha participado en un hecho delictivo, y siendo así que la imagen de las personas que habían intervenido en él se captó por una cámara instalada por razones de prevención del delito en su núcleo de acción.

Las cuestiones relativas a la instalación de cámaras de videovigilancia entran en el campo del tratamiento de datos, debiendo valorarse la necesidad y proporcionalidad de esa instalación en comercios a los efectos de prevención y seguridad. A este respecto, la LOPD señala en su artículo 22 que las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán llevar a cabo el tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras o videocámaras con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones, precisando que solo podrán captarse imágenes de la vía pública en la medida en que resulte imprescindible para esta finalidad.

El Tribunal Supremo concluye que en este caso no se realizó una extensión desmesurada de la grabación, ya que se realizó en el entorno cercano del comercio, visualizándose los movimientos de los acusados y luego condenados. La doctrina jurisprudencial aplicada en este caso considera que las grabaciones de imágenes captadas en espacios públicos, a condición de que sean auténticas y de que no estén manipuladas, constituyen un medio de prueba legítimo y válido en el proceso penal, sin que se requiera para su captación la previa autorización judicial: nos encontramos -dice la sentencia- con la aplicabilidad de la posibilidad del uso de la prueba documental tecnológica del proceso civil a un proceso penal, como sucede cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recaban del comercio la observación de las imágenes en uso de las facultades investigadoras que les corresponden, resultando indiferente que se trate de grabaciones realizadas por la Policía Judicial o de las que pudieran realizar los particulares que presenciaren la comisión de un delito.