Nuestra Constitución garantiza en su artículo 18, el derecho fundamental a la propia imagen. La Ley Orgánica 1/1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, desarrolla este artículo regulando en qué consiste, qué facultades otorga y qué conductas quedan prohibidas a su amparo. Y aunque ninguna de estas dos leyes defina qué es este derecho a la propia imagen, el tratamiento que ha recibido en la práctica de los Tribunales nos permite considerarlo como el poder de decisión de las personas sobre nuestro propio aspecto físico, permitiéndonos decidir cómo y en qué condiciones puede ser representado, y facultándonos al mismo tiempo para impedir que terceras personas capten, reproduzcan o publiquen esta imagen identificable de nosotros mismos sin nuestra autorización.

El derecho a la propia imagen es un derecho de la personalidad que puede tener gran alcance, y que estamos acostumbrados a ver involucrado en los contratos millonarios de deportistas de élite o en las trifulcas de algunas celebridades con los medios de comunicación. Porque el derecho a la propia imagen puede, como todos, encontrarse en situación de conflicto con otros derechos, y en realidad ninguna de esas situaciones es tan frecuente como la que lo enfrenta al derecho a la información.

Uno de los ejemplos más recientes de este choque es el resuelto por la sentencia nº 697/2019 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, dictada el pasado día 19 de diciembre. Se trata en este caso de una demanda promovida por una persona que, acusada de un delito grave (por el que fue juzgada), vio cómo un periódico digital ilustraba un artículo sobre su caso al que acompañaba una fotografía obtenida de su perfil personal en la red social Facebook. La demanda pretendía que esa utilización de la fotografía fuera declarada como una intromisión ilegítima en su derecho a la propia imagen, obligándose al periódico a retirarla y a indemnizarle en la suma de 20.000 euros.

El periódico, por su parte, se oponía a la petición de la demanda. Porque consideraba en su defensa que la relevancia y la gravedad de los hechos delictivos revelaban un interés informativo indudable que sustentaba el ejercicio de la libertad de información, que también es un derecho constitucional y que en esta situación debía prevalecer sobre el derecho a la imagen del demandante, y porque la imagen que se había publicado era de libre acceso para cualquiera, al estar expuesta públicamente en el perfil personal en Facebook del acusado.

El Tribunal Supremo, finalmente, da la razón al demandante.

En cuanto al ejercicio del derecho a la libertad de información, porque razona que la libertad de información, reconocida en el artículo 20.1.d) de la Constituciónampara la actuación del periodista y del medio de comunicación que proporciona información veraz sobre hechos de interés general o personas de relevancia pública, pero no es un derecho ilimitado ni absoluto, sino que debe ir siempre condicionado a un equilibrio razonable con el resto de derechos fundamentales y, especialmente, con el derecho a la propia imagen.

En el Fundamento Jurídico Tercero, la sentencia dice que aunque una persona detenida bajo la acusación de un delito grave adquiera una relevancia pública sobrevenida, al menos momentánea, tal circunstancia no justifica cualquier difusión de su imagen pública. La función que la libertad de información desempeña justifica que los medios informen sobre ese hecho (la detención e ingreso en prisión de la persona acusada) y que en esa información se incluya información gráfica relacionada, como pueden ser imágenes de la detención, la entrada en el juzgado o en la prisión, pues esa relevancia pública sobrevenida se ha producido con relación a esos hechos. Lo que no justifica es que pueda utilizarse cualquier imagen del afectado, especialmente imágenes que no tienen relación con los hechos noticiables y cuya difusión no había sido consentida.

Por otro lado, y en cuanto a la procedencia de esas imágenes, tampoco el hecho de que las mismas se encontraran en el perfil personal de Facebook del afectado y que ese perfil personal fuera de público acceso para cualquier usuario de la red justifican su reproducción. Como dice la sentencia, una cuenta de Facebook no tiene la consideración de lugar abierto al público, y tampoco el hecho de que pueda accederse libremente a la fotografía del perfil de dicha cuenta constituye el consentimiento expreso que exige la Ley Orgánica 1/1982 como excluyente de la ilicitud de la captación, reproducción o publicación de la imagen de una persona. La finalidad de una cuenta abierta en una red social en Internet es la comunicación de su titular con terceros y la posibilidad de que esos terceros puedan tener acceso al contenido de esa cuenta e interactuar con ella, pero no que pueda publicarse la imagen del titular en un medio de comunicación.

Este es desde luego un supuesto más bien extremo, pero creo que resulta bastante ilustrativo del concepto legal y jurisprudencial que acompaña a las imágenes que difundimos a través de las redes sociales, y especialmente de cómo el hecho de que publiquemos fotos en las que aparecemos no significa que estemos abriendo a cualquier tercero la posibilidad de duplicarlas o utilizarlas, ni que consintamos su reproducción aún en circunstancias en que pudiera pretenderse la existencia de un supuesto interés informativo (en que la mayor parte de nosotros, por fortuna, tampoco nos vemos involucrados).