Tomar un vuelo puede convertirse en una experiencia complicada. Ni siquiera es necesario afrontar un retraso, un overbooking o el extravío de una maleta; las contrariedades pueden aparecer en la misma puerta de embarque bajo la forma de una negativa a permitirnos acceder al avión con nuestro equipaje de mano… y el sobrecoste imprevisto de una facturación discutible.

Esto es lo que sucedió a una pasajera del vuelo Madrid-Bruselas operado por Ryanair el pasado mes de enero. La pasajera llevaba un pequeño bolso de mano y una maleta de 10 kg. de peso (lo que llamamos una maleta de cabina) con la que no se le permitió subir al avión. ¿El motivo? Ryanair consideraba que, al no haber comprado un billete de tarifa “priority”, no tenía derecho a introducir ningún equipaje, por lo que la maleta debía facturarse por separado a un coste de 20€. Ryanair reservaba este derecho a los pasajeros que tuvieran billetes de tarifa “priority”.

La pasajera tuvo que pagar la facturación y viajar sin equipaje, aunque el aparato tuviera los mismos compartimentos superiores que tienen todos los aviones y la maleta retirada hubiera podido perfectamente ir en uno de ellos. Al regreso de su viaje, la pasajera reclamó de la compañía la devolución del dinero que tuvo que pagar por la facturación y, ante la negativa de Ryanair, decidió ir al Juzgado.

Seis meses después de presentada la demanda, el Juzgado de lo Mercantil nº 13 de Madrid ha dictado sentencia: Ryanair deberá devolver a la viajera los 20€ que cobró por facturar.

En España, tenemos una Ley que regula el transporte aéreo de viajeros desde 1960. Es la Ley 48/1960, de 23 de julio, de Navegación Aérea (LNA), una Ley preconstitucional que ha sobrevivido a través de numerosas reformas y que sigue plenamente vigente. En su artículo 97, la LNA dice que el transportista estará obligado a transportar juntamente con los viajeros, y dentro del precio del billete, el equipaje, con los límites de peso y volumen que fijen los Reglamentos. Añade que no se considerarán equipaje a este efecto los objetos y bultos de mano que el viajero lleve consigo.

Junto a ella, tenemos una verdadera jungla de normas de origen comunitario, entre las que está el Reglamento CE 1008/2008, que regula en toda la UE las normas comunes para la explotación de servicios aéreos, y que en su artículo 22, apartado primero permite a las compañías aéreas fijar libremente sus tarifas.

El Juzgado entiende que no hay ningún choque o incompatibilidad entre ambas normas; el Reglamento europeo no fija ninguna regla especial para las tarifas en relación con el transporte de los equipajes, mientras que la LNA sí impone una obligación a las compañías de transportar los equipajes dentro del precio del billete, no pudiendo facturar por separado los que no excedan de un determinado peso o volumen.

Por lo tanto, y aunque Ryanair puede aplicar las tarifas que quiera, no puede exigir una que, en la práctica, suponga encarecer el billete para que los pasajeros puedan subir al avión con su equipaje de mano, siendo así que la Ley les permite hacerlo sin coste adicional y el transportista no puede limitar ese derecho. La compañía aérea sí puede fijar el límite de peso a partir del que se considere necesario facturar una maleta, y desde luego también fijar (dentro de un límite) el precio que decida para esa facturación, pero lo que la Ley no le permite es imponer un precio adicional por el equipaje personal que puede alojarse en los compartimentos que el avión tiene siempre, precisamente para ello.

La decisión del Juzgado no es un simple barrer para casa aplicando la LNA sobre la regulación comunitaria (podríamos preguntarnos si, siendo posible que las compañías fijen sus tarifas libremente, cómo es que no pueden decidir a qué las aplican o en qué forma, y si esta interpretación puede suponer un conflicto con el Derecho Comunitario o una limitación de la libertad de determinación de precios…). Muy por el contrario, se apoya en una Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de fecha 18 de septiembre de 2014, que se dictó frente a la compañía Vueling, y en la que el Tribunal decía con toda contundencia que el equipaje de mano debe considerarse un elemento indispensable del transporte de los pasajeros, de manera que no puede ser objeto de un suplemento de precio, siempre y cuando ese equipaje responda a exigencias razonables de peso y tamaño. Es decir, que la compañía aérea es libre para determinar el precio del billete y el de la facturación separada de maletas, pero no para imponer este último ni aplicar ningún sobreprecio al equipaje personal (generalmente pequeño en tamaño y ligero de peso) que los pasajeros podrán llevar consigo en el avión. Solo cuando el que llevan sea excesivamente grande o pesado tendrán que facturarlo aparte. Y sobra decir que, en el caso resuelto por la Sentencia que comentamos, una pequeña maleta de 10 kg. no es excesiva y debe poderse subir a bordo sin problema… ni coste añadido.

Con todo, la pasajera demandante solicitaba también una indemnización por daño moral que cuantificó en 10 € (es decir, que la cuantía total del pleito era de 30 €, algo que significa que o tenía asistencia jurídica gratuita o muchas ganas de litigar), y que el Juzgado no le reconoce al entender que el enfado o la contrariedad por tener que facturar su maleta no implica un sufrimiento de envergadura suficiente como para poder considerarse un daño indemnizable. Lo hace además citando al Tribunal Supremo, que en varias Sentencias (y especialmente en la de fecha 31 de mayo de 2000) ha declarado que las situaciones de molestia que surgen por ejemplo ante el mero retraso de un vuelo no tienen la intensidad necesaria para derivar en un daño moral… aunque sí pueden serlo, en cambio, otras de demora importante e injustificada.