Hay ocasiones en las que los casos que llegan a los Tribunales resultan sorprendentes; situaciones poco verosímiles que, contra toda lógica, se estiran en el tiempo y sobreviven incluso a dos instancias judiciales… Este es el caso de un ciudadano de Baleares cuya casa lindaba con la sede de una empresa que decidió instalar cámaras de seguridad en su perímetro. Las cámaras eran falsas (con la apariencia de una real, pero huecas) y al menos una de ellas enfocaba al jardín exterior de la casa. El sufrido vecino tuvo que llegar hasta el Tribunal Supremo para conseguir, por fin, que esa cámara dejara de enfocarle.

Aclaremos un detalle: el demandante no sabía, al menos desde el principio, que las cámaras de la empresa eran falsas. Lo supo probablemente cuando en 2016 presentó una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), quien descartó la responsabilidad de la empresa precisamente porque las cámaras no estaban captando imágenes. Otro tanto hizo el Juzgado de Primera Instancia ante el que fue a plantear una demanda sobre tutela civil del derecho fundamental a la intimidad, desestimándola por entender que esas cámaras de pega no podían, al ser falsas, perturbar el derecho que se decía comprometido.

Sin embargo, la Audiencia provincial de Baleares resolvió la apelación contra la anterior sentencia en sentido contrario, declarando que el hecho de que las cámaras fueran simuladas no impide apreciar una vulneración del derecho a la intimidad: lo determinante es que toda persona tiene derecho a gozar de una tranquilidad razonable y que, precisamente porque el demandante no podía saber que las cámaras fueran falsas cuando se instalaron, su falta de condiciones para grabar no las hacía menos aptas para afectar a su tranquilidad.

La empresa recurrió este pronunciamiento en casación, y el Tribunal Supremo lo resolvió en su sentencia nº 3505/2019, dictada el pasado jueves 7 de noviembre. A favor, de nuevo, del ciudadano demandante.

El Tribunal Supremo considera probado que la orientación de al menos una de las cámaras invitaba al demandante a creer que tanto él como su familia podían estar siendo vigilados en el jardín exterior de su vivienda. Esa circunstancia es la que le llevó a solicitar la tutela judicial, en vista de que la AEPD había cerrado el expediente previo sin una solución. Y no puede decirse que fuera una situación de excesiva sensibilidad personal, sino una condición objetiva de temor a estar siendo filmado que coartaba su libertad personal y familiar. Recuerda el Tribunal Supremo (citando su sentencia nº 1233/2008, de 16 de enero de 2009) que el desconocimiento del hecho de ser filmado permite a una persona actuar con una naturalidad que no hubiera tenido en caso contrario, misma razón por la que quien se siente observado no va a comportarse igual que como lo haría antes de conocer la existencia de las cámaras.

En definitiva, se trató de una situación que debía valorarse como un evidente impedimento para que el afectado pudiera disfrutar de su derecho a la intimidad, un derecho que exige una situación de tranquilidad que las cámaras perturbaban, porque su apariencia era idéntica a las plenamente operativas, y su orientación generaba en el actor la duda razonable de estar siendo observado mientras se desenvolvía en un ámbito privado. El derecho del demandante a la tranquilidad de su vida privada incluye no tener que soportar una incertidumbre permanente acerca de si la cámara orientada hacia su finca está o no en funcionamiento, pues su apariencia externa le impedía comprobarlo con seguridad y, en cambio, la demandada siempre tendría la posibilidad de sustituir la cámara no operativa por otra operativa sin advertirlo.

Aquí es donde se encuentra la parte más interesante de la sentencia en mi opinión: el Tribunal Supremo valora que el hecho de que la cámara no pudiera tomar imágenes no impide que la intimidad del demandante se pueda considerar comprometida, porque en un primer momento no lo sabía y, aun sabiéndolo más tarde, la presencia de esa cámara enfocándole constantemente implica por sí misma una incertidumbre incompatible con la tranquilidad (personal y familiar) en que consiste el derecho a la intimidad reconocido en el artículo 18 de la Constitución. Podemos convenir en que una cámara que no filma tampoco invade realmente la intimidad, pero lo que aquí se valora no es ya solamente que capte o no imágenes, sino que esté presente, visible y dirigida sobre su casa…Si nos preguntamos qué más le da al actor esa cámara si no funciona, deberíamos preguntarnos también qué interés tiene la empresa en mantenerla enfocada sobre su propiedad, si no sirve a ningún fin. Y por eso es aquí es donde se está reconociendo -de una forma sutil- un aspecto verdaderamente relevante de la intimidad: el derecho a no verse intimidado por la presencia de una cámara que alguien insiste en orientar sobre nuestra casa y mantener enfocada aunque no se encuentre en uso.

Relevante también es que la instalación de las cámaras, en la forma en que fue realizada, era innecesaria y desproporcionada, porque el fin legítimo de preservar la seguridad de la empresa -incluso mediante cámaras no operativas, con un propósito simplemente disuasorio-, podría haberse conseguido igualmente con la única precaución de asegurarse, antes de instalarlas, de que al orientarlas no despertaran sospechas de que se estaba comprometiendo la vida íntima, personal y familiar del propietario de la finca vecina.

De manera que la empresa, tras tres años de pelea en los Tribunales y unos cuantos miles de euros gastados en abogados, tendrá que enviar un operario a manipular la cámara falsa… y girarla unos grados.