El fútbol es una fuente constante de noticias con ecos legales, aunque la mayor parte de las veces estas tienen que ver con los problemas fiscales de los futbolistas estrella. Los litigios entre jugadores y clubes también son cosa frecuente, aunque esta vez el conflicto tiene otros protagonistas: el enfrentamiento entre la Federación Española de Fútbol y la Liga Profesional se dirime en los Tribunales a cuenta de la pretendida celebración de un partido de liga en Miami, y hace apenas unos días que el Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid ha dictado la primera resolución relevante del caso. Este es el Auto que examinamos a continuación.

¿Quién es la demandante? La demandante es la Liga Nacional de Fútbol Profesional. La Liga está regulada por la Ley 10/1990, del Deporte (en adelante, LD), cuyo artículo 41.2 determina que tiene personalidad jurídica y goza de autonomía para su organización y funcionamiento respecto de la Federación de la que forma parte, por lo que el primer dato importante que subraya el Auto es que la Liga forma parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), aunque tenga cierta autonomía y competencias autónomas.

El mismo artículo 41 LD define esas competencias de la Liga. Así, y además de las que pueda delegar la Federación, tiene encomendado organizar sus competiciones, en coordinación con la Federación y de acuerdo con los criterios del Consejo Superior de Deportes. Respecto de sus asociados (los clubes deportivos), la Liga desempeña funciones de tutela, control y supervisión, así como la potestad disciplinaria. En su Estatuto, la Liga define igualmente cómo su objeto fundamental es organizar y promover las competiciones oficiales de fútbol de ámbito estatal y carácter profesional, y velar por su adecuado funcionamiento (además de la explotación comercial vinculada a ellas). Y reitera que, para el desarrollo de ese objeto, ostenta la competencia de organizarlas… EN COORDINACIÓN con la RFEF.

¿Y quién es la demandada? La RFEF, una entidad asociativa privada de utilidad pública que se rige por la citada LD, por el RD 1835/1991 de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas, por sus Estatutos y por su Reglamento General. Dentro de sus funciones está el control de las competiciones oficiales de ámbito estatal, sin perjuicio de las competencias de la Liga, así como autorizar la venta o cesión fuera del territorio nacional de los derechos de transmisión televisada de las competiciones profesionales oficiales. En su artículo 16, los Estatutos de la RFEF establecen -de nuevo- que la Liga organizará sus competiciones EN COORDINACIÓN con la Federación, mediante convenio.

¿Existe ese convenio en la actualidad? Sí, el Convenio de 3 de julio de 2019, con vigencia hasta el 30 de junio de 2024, un Acuerdo que fue suscrito cuando la guerra ya estaba declarada entre Liga y Federación y que, por eso mismo, no proporciona ningún criterio para resolver el presente conflicto.

¿Y qué hay de los partidos de liga en el extranjero?, ¿cómo se regulan? El Auto llega a la conclusión de que, ante una solicitud para la celebración de un partido de competición en el extranjero por parte de la Liga (en este caso conjuntamente con los dos equipos participantes, Villarreal y Atlético de Madrid), y ante la ausencia de una regulación específica en España, habrá que acudir al reglamento de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). De todos modos, esta cuestión forma parte del fondo del procedimiento, y no se resuelve en el Auto.

¿Qué es lo que la Liga reclama de la RFEF, cuál es la base de su demanda? La Liga alega en su demanda que la conducta de la RFEF y su Presidente es desleal por contraria a la buena fe y abusiva, al amparo del artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal y del artículo 7.2 del Código Civil. Esa conducta es la negativa a aprobar la celebración de un partido de competición en Miami, al haber estado en negociaciones la propia RFEF con los mismos organizadores con que negoció la Liga, para la Supercopa de España, que finalmente además se celebró en Marruecos, prohibiendo por un lado el que se dispute el partido en Miami y por otro autorizando el partido de Supercopa. La Liga ejercita contra la RFEF una acción declarativa de deslealtad, cesación de conducta desleal y prohibición de reiteración de esa conducta.

¿Y qué es lo que resuelve este Auto? Lo que este Auto resuelve es la petición de una medida cautelar solicitada por la Liga contra la RFEF, es decir, de una actuación preventiva consistente en que se ordene a la demandada que, cesando provisionalmente en su conducta negativa, autorice de forma inmediata la celebración del partido de la Liga Nacional de Fútbol Profesional de la temporada 2019/2020, previsto para el 6 de diciembre próximo en Miami y que, que una vez concedida la autorización, ordene a la RFEF la continuación del procedimiento previsto en el Reglamento de Partidos Internacionales de la FIFA, prohibiendo conductas activas, omisivas o dilatorias, así como que invada competencias legales reconocidas a la demandante.

Y el resultado es… que el Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid ha desestimado la petición de la Liga, aplicando el artículo 728.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dice que «sólo podrán acordarse medidas cautelares si quien las solicita justifica, que, en el caso de que se trate, podrían producirse durante la pendencia del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria«, es decir, que se justifique que existe el riesgo de que la situación que debe resolverse en el proceso principal se transforme, si no se adopta ahora mismo la medida cautelar que se pide, en una realidad consumada que hará imposible ejecutar la resolución que se dicte en el futuro, en todo o en parte. A esto, en el Derecho procesal, se le llama periculum in mora (digamos que sería el peligro de llegar tarde, o de que la resolución final llegue tarde porque ya se haya consolidado la situación que se quería evitar, haciéndola ineficaz).

El Juzgado recuerda que la Liga ya solicitó una medida cautelar semejante en su demanda, consistente entonces en que se obligara a la RFEF a permitir la celebración de un partido en el extranjero (en aquel momento, el Girona – Barcelona, de la temporada 2018/2019) y luego desistió de la misma. El juicio está señalado para febrero de 2020 (dentro de 3 meses), y es ahí donde se decidirá finalmente sobre el objeto del pleito principal, pudiéndose adoptar -si la acción prospera- la celebración en Miami de otro partido dentro del calendario 2019/2020.

Es decir, que la Liga ha vuelto a pedir autorización para celebrar esta vez el Villarreal – Atlético de Madrid en Miami igual que en su día la pidió para el Girona – Barcelona, y se ha encontrado con una negativa idéntica de la RFEF que era absolutamente previsible. Sin esperar a la resolución final del pleito (esto es, a que los Tribunales decidan si la RFEF tiene o no derecho a impedir que se celebre un encuentro de liga en el extranjero), ha promovido un nuevo partido y, de esta manera, ha reproducido el mismo conflicto que se generó meses atrás, desencadenando por sí sola la situación que le lleva a pedir la medida cautelar, “forzando” por tanto el requisito del periculum in mora; es decir, que la medida cautelar solicitada inicial fue desistida, y la nueva se ha originado no por una acción de la demandada o por el transcurso del procedimiento, sino por una actuación particular de la propia Liga, que insiste en anticipar el partido a sabiendas de que el conflicto está pendiente de resolución en tres meses, aún dentro del calendario de liga de este año, pudiéndose celebrar ese (u otro) con posterioridad a dicha fecha.