En los últimos años hemos asistido a la proliferación de nuevos modelos de negocio que, bajo el paraguas conceptual de la llamada economía colaborativa, proponen servicios de transporte de mercancías o pasajeros a través de flotas de repartidores o de transportistas asociados que no mantienen una relación laboral con los organizadores. La teoría es la de una concertación de servicios más bien autónomos, voluntarios y flexibles. Y la duda es si esta fórmula es legal o está enmascarando, en muchos casos, una deslaboralización ilícita a voluntad de las empresas que la promueven.

Ya conocemos la polémica surgida a propósito de servicios como Uber o Cabify, aunque la mayor parte de la atención se haya centrado -para los medios- en su rivalidad con el sector del taxi, más que en la situación real de sus conductores. En los últimos meses, otra empresa también dedicada al transporte es la que se ha visto envuelta en litigios acerca del carácter laboral o no de quienes trabajan para ella. Hablamos de Deliveroo, que el pasado día 22 de julio vio cómo el Juzgado de lo Social nº 19 de Madrid fallaba en el sentido de declarar que sus repartidores (o riders, como la empresa prefiere llamarlos) son trabajadores por cuenta ajena, y no simples colaboradores autónomos.

La sentencia, firmada por el Magistrado D. Antonio Cervera Peláez-Campomanes, es larga y abundante en argumentos, algunos de los cuales pasaremos por alto ahora para no extendernos (aunque sean bien interesantes, como todo el razonamiento que se hace acerca de la apreciación de la presunción de veracidad de las conclusiones formuladas por la Inspección de Trabajo, o la corrección en la obtención misma de las pruebas, al haberse entrevistado las inspectoras con decenas de repartidores a la hora de fundar sus criterios) para concentrarnos en lo más relevante: las razones de fondo por las que los repartidores de Deliveroo deben ser, de acuerdo con el Juzgado de lo Social, considerados trabajadores de la empresa y no colaboradores mercantiles o, si se quiere, meros proveedores.

En lo que nos ocupa, la sentencia comienza (Fundamento de Derecho Cuarto) contrastando el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores con el correlativo del Estatuto del Trabajo Autónomo. Es decir, la definición básica que hace la Ley acerca de qué es un trabajador por cuenta ajena frente a qué es un trabajador por cuenta propia. Es esta definición legal la que debe prevalecer siempre a la hora de decidir qué es quién. Es la premisa más elemental: a las relaciones contractuales podemos darles el nombre que prefiramos, pero la realidad es tozuda y se impone cuando estas relaciones tienen un marco legal imperativo. Y en cuestión de diferenciar la laboralidad o no de una relación, ese marco no puede estar más definido.

Una relación laboral se caracteriza, para el trabajador, por su voluntariedad, su carácter personal y retribuido, y la concurrencia de ajenidad y dependencia. La voluntariedad y la personalidad no nos ofrecen mayores problemas en este caso: nadie discute que los repartidores lo son por su propia voluntad y que prestan sus servicios personalmente. Sí es cierto que algunos de los contratos que se examinaban permiten que el rider subcontrate sus servicios con terceras personas, pero el hecho es que no se ha acreditado que tal cosa se llegara a hacer efectivamente por ninguno, siendo así que además esa subcontratación debía siempre estar autorizada por la empresa. Tampoco el carácter retribuido, en sí, y a salvo de lo que podremos añadir más tarde, es objeto de discusión en la sentencia.

Lo que el Juez pone un mayor interés en desentrañar (y a ello dedica todo el Fundamento Quinto) es el examen de la ajenidad en la relación. Es decir, en cómo la prestación del repartidor es una actividad personal suya que se proyecta sobre un conjunto de elementos ajenos a su persona, sobre los que simplemente interviene para obtener un resultado en beneficio de quien es su verdadero titular. Aquí aparece un primer escollo, como parece ser el hecho de que los riders utilizan sus propios vehículos -bicicletas, motocicletas- para el reparto. Es decir, no son medios que les proporciona la empresa, sino que son ellos mismos quienes los aportan: se desplazan en vehículos generalmente de su propiedad y no usando medios de la empresa. La sentencia relativiza este dato: que la bicicleta sea del repartidor no es lo esencial de su servicio. Lo esencial son otros medios materiales que desde luego deben usar y que sí son propiedad de Deliveroo. En especial, la aplicación que deben tener instalada en su móvil, que es propiedad de la empresa y a través de la cual se organiza y ordena toda su actividad (dónde recoger la carga, dónde llevarla, cuándo y a quién) y, además, la propia marca Deliveroo, entendida como el elemento formal que envuelve todos sus viajes y entregas, que se materializa en la identificación -el logo- que llevan a cuestas en las mochilas que transportan, que sí les proporciona Deliveroo y que los identifica ante cualquiera como agentes de esa empresa.

Los repartidores (y esto es lo más importante) no son parte en los pedidos y entregas de productos que ellos trasladan. Esos pedidos y entregas son convenidos entre los restaurantes y los clientes-destinatarios finales, con la intermediación de Deliveroo como transportista. Los riders no intervienen en esa contratación, ni en la fijación del precio del producto que se encarga ni en la del mismo servicio de entrega, y tampoco quedan expuestos a ningún riesgo derivado de esa contratación como tal: desde luego, si la pizza que encargué no lleva la piña que pedí, eso es algo que tendré que reclamarle al pizzero, y no al repartidor… pero tampoco podré reclamarle nada si la empresa le proporcionó una dirección errónea, o si equivocó el pedido o la tarifa. Tan es así que, por lo general, los riders ni siquiera saben a dónde deben llevar el pedido antes de tener que desplazarse al restaurante para recogerlo.

Todo esto subraya la existencia de ajenidad: en los medios (los relevantes, los que definen el trabajo, son de la empresa), en los frutos (lo que los riders perciben no depende del contenido ni del precio de cada envío), en el mercado (ellos no ofrecen ni los productos que transportan ni el servicio de transporte como tal, que se limitan a ejecutar por encargo de quien sí lo asume como actividad propia) y en los riesgos.

A continuación (Fundamento de Derecho Sexto), la sentencia entra a analizar otro rasgo esencial de las relaciones laborales: la dependencia. Podemos entender la dependencia como la sujeción del trabajador a la organización y dirección de la empresa, aun de forma flexible en función de las características de cada caso. Y en el que nos ocupa, la sentencia determina que esa sujeción existe sin duda. Los repartidores son instruidos en cómo deben presentarse ante los restaurantes y los clientes (identificándose como agentes de Deliveroo siempre ante ellos) cómo deben usar la aplicación o cómo deben informar a los clientes de que, ante cualquier incidencia, han de dirigirse al servicio de atención de la empresa. En palabras del propio Magistrado, la empresa no se ha limitado a contratar un servicio de transporte de comida en el que lo esencial sea la entrega en sí sin entrar en el detalle de cómo se ha de realizar, sino que ha establecido con toda precisión la forma en la que se ha de prestar ese servicio, homogeneizándola para todos los repartidores. Hay por tanto un protocolo de actuación que deben seguir paso a paso, y que informa tanto de cuándo colocarse el casco y cuándo quitárselo (nunca al recoger el pedido en el restaurante y tampoco al llegar a la casa del cliente, por ejemplo) como de otros muchos aspectos formales obligatorios, con una exigencia demostrada de respetarlo para todos los riders.

La sentencia finaliza afirmando que los repartidores esencialmente han ejecutado un trabajo personal en unas condiciones organizadas y dirigidas por la empresa, que es la única que controla la marca Deliveroo, su aplicación informática y toda la información que se desprende de ella. De hecho, destaca el mismo Fundamento Sexto, se ha llegado al extremo de que la empresa gestione las propinas de los repartidores, determinando la forma en la que se podían abonar e incluyéndolas en las facturas, que eran elaboradas por la propia empresa.  Aquí también emerge un detalle añadido sobre el procedimiento de retribución, ya que es la propia empresa la que confecciona las facturas, que los repartidores se limitan a firmar.

La conclusión, como es sabido, es la declaración de estos repartidores como trabajadores por cuenta ajena de Deliveroo, y no como meros proveedores autónomos. Y la consecuencia es que deben ser dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, cotizarse por ellos y aplicárseles todo el régimen laboral correspondiente, con respeto pleno a sus derechos e independencia de la sanción que habrá de imponerse a la empresa.

Sin embargo, este no es un pronunciamiento firme, sino susceptible de ser recurrido en suplicación por la empresa. Será por lo tanto la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid quien deba resolver sobre esta controversia que, tarde o temprano, llegará al Tribunal Supremo.