No es la materia que tratamos habitualmente en esta web, pero la trascendencia de la sentencia dictada el pasado día 21 de diciembre por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la nulidad y efectos de las cláusulas suelo aconseja dedicar el último post de este año al escenario que se abre a partir de ahora para todos los afectados por estos pactos limitativos del interés en sus préstamos hipotecarios… Dicho esto, LegArs os desea un feliz año 2017.

La sentencia del TJUE ha supuesto un severo golpe al sector bancario español. El fallo obliga a los bancos a devolver a sus clientes todo lo cobrado ilegalmente en concepto de cláusulas suelo desde el momento de su misma contratación, destruyendo el límite temporal que la jurisprudencia española había fijado en el 9 de mayo de 2013, fecha en que el Tribunal Supremo dictó una importante sentencia que declaraba el carácter abusivo de numerosas cláusulas suelo, y que asentó una doctrina que se ha venido aplicando desde entonces. El coste previsible para las entidades bancarias de esta nueva decisión se estima entre 3.000 y 5.000 millones de euros.

El TJUE declara contundentemente que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que la jurisprudencia española que limitó en el tiempo los efectos económicos derivados de la declaración del carácter abusivo de las cláusulas suelo es contraria al Derecho Comunitario. Esa limitación temporal equivale -para el TJUE- a privar injustamente y con carácter general a todo consumidor que hubiera celebrado antes de aquella fecha un contrato de préstamo hipotecario que incluyera una cláusula suelo abusiva del derecho a obtener la restitución íntegra de las cantidades indebidamente abonadas a la entidad bancaria por ese concepto durante el período anterior al 9 de mayo de 2013.

La repetida sentencia del Tribunal Supremo recayó en un procedimiento iniciado por Ausbanc contra varias cajas y bancos españoles ante los Juzgados de Sevilla, y en ella se declaró que  las cláusulas suelo contenidas en los contratos suscritos por aquellas entidades eran nulas. Las razones de esta nulidad se encontraban, a grandes rasgos, en la falta de información suficiente acerca de su funcionamiento y efectos a los clientes, y en la disposición casi oculta de las mismas en los contratos sin advertir adecuadamente de las cargas económicas que podían acarrear. Porque debe aclararse que las cláusulas suelo no son nulas en cualquier caso, sino exclusivamente en aquellos en que no hayan sido debidamente negociadas con los clientes por no haber informado los bancos debidamente de qué son y cómo funcionan en los contratos en que se incorporan, resultando abusivas. Pese a todo ello, el Tribunal Supremo decidió que su sentencia no tendría efectos retroactivos, de modo que no afectaría ni a las situaciones definitivamente resueltas judicialmente ni a los pagos ya realizados a la fecha de su publicación. El Supremo, en definitiva, quiso amortiguar el alcance de su decisión para proteger al sector bancario del impacto de las devoluciones en pleno escenario de rescate europeo, en un momento financiero sumamente delicado.

Pero el Tribunal Europeo no ha atendido a estas consideraciones, pese a que el abogado general de la UE hubiera mostrado cierta comprensión para con la decisión del Supremo en atención a las repercusiones económicas que se tuvieron entonces en cuenta. La sentencia europea se esperaba primero para este verano y finalmente para antes de 2017, y el sector bancario español era consciente de que el fallo podía ser demoledor en la medida en que la actitud de la Comisión era favorable a la retroactividad que se ha terminado imponiendo. El razonamiento es claro: una cláusula contractual declarada nula por abusiva no puede tener efecto alguno frente al consumidor, por lo que esa declaración debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido tal cláusula, mediante el derecho a la restitución de los beneficios obtenidos indebidamente por el banco, y sin que este pueda quedar limitado en el tiempo como decidió en 2013 el Tribunal Supremo.

¿Y ahora… qué sucederá? Los contratos hipotecarios que incluyan una cláusula suelo abusiva están afectados por la nulidad de dicha cláusula. El contrato pervive, pero la cláusula no puede ser aplicada. Si esa nulidad ha sido ya declarada judicialmente con firmeza, lo probable es que el consumidor haya recibido la devolución de lo pagado indebidamente a partir de mayo de 2013 (si la contrató antes de esa fecha), y la sentencia del TJUE no le afectará. A quienes sí puede alcanzar la sentencia es a quienes hayan instado procedimientos judiciales todavía no resueltos definitivamente, así como a los consumidores que la mantengan activa en sus contratos, e incluso -en algunos casos- a quienes hubieran cancelado ya su deuda. Otra cosa distinta es qué ocurrirá con los consumidores que hubieran alcanzado acuerdos con sus bancos para la reducción o supresión de su cláusula suelo, pues ahí existe jurisprudencia (así, una controvertida sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza del pasado mes de marzo) que entiende que la nulidad también afecta a algunos de esos acuerdos.