A finales del pasado mes de junio, la Audiencia Provincial de Madrid dictó una sentencia en la que se condenaba a la Fundación Museo Jorge Oteiza a cesar en la actividad de reproducción y puesta a disposición a través de internet de varias obras del artista, a retirar las mismas de su web y a indemnizar a Pilar Oteiza San José (la demandante, sobrina del creador) por el uso indebido de dichas obras.

Lo que la demandante denunciaba -y la sentencia reconoció- es que Oteiza había donado en 1992 “al pueblo navarro” la propiedad material de su obra, pero no los derechos para explotarla. Dicho de otro modo: el pueblo navarro es propietario de las esculturas, fotografías y escritos, pero no tiene la facultad de explotar unas ni otros, de exhibirlos fuera del museo o facilitar su acceso a través de internet si no cuenta con la autorización de la heredera. Ella no es propietaria de las obras pero sí de los derechos sobre ellas, mientras que el pueblo navarro es dueño de esas obras en tanto que objetos pero no tiene derecho a decidir cómo se exhiben o difunden, si se reproducen o se distribuyen.

Esto puede sonar extraño, pero es más sencillo de lo que parece. Cuando compramos un cuadro, lo que adquirimos es el soporte: el lienzo y la pintura que aplicó el artista. La obra -en cuanto que creación- es algo inmaterial, está incorporada al cuadro pero no equivale a él porque no es un objeto sino una apreciación estética. Por eso podremos colgarlo en nuestra casa pero no exhibirlo públicamente (prestándolo a una galería, por ejemplo) ni reproducirlo si no tenemos los derechos para ello o no somos, por lo menos, autorizados a hacerlo.

Cierto que cuando Jorge Oteiza donó su obra no lo hizo para que el pueblo navarro la guardara bajo llave sino para que la preservara (para que se catalogara, se mantuviera y se expusiera en el museo situado en Alzuza). Y cierto también que esa preservación incluye ofrecerla al público, hacerla conocida. Pero la realidad es que las condiciones en que las obras de Oteiza pueden ser ofrecidas al público, de acuerdo con la sentencia, no permiten cualquier uso sin contar con su heredera.

La sentencia acoge esta tesis: cuando en febrero de 1992 Oteiza manifestó ante notario que cedía su obra al pueblo navarro, y cuando en octubre de 1996 materializó esa aportación pactando la creación de la Fundación con el Gobierno de Navarra, lo que el autor estaba entregando era exclusivamente la propiedad de sus esculturas, fotografías o escritos, pero no los derechos de explotación sobre ellos.

Ahora bien, la sentencia incluye un voto particular del Magistrado Gómez Sánchez que debe tenerse en cuenta. En su argumentación, el Magistrado interpreta que cuando Oteiza decidió ceder su obra no quiso otra cosa que hacer al pueblo navarro propietario de la misma, siendo así que esa propiedad forzosamente debe incluir los derechos de explotación porque de lo contrario se vería reducida a una mera entrega de objetos (los objetos, recordemos, no equivalen a la obra, que es lo que Oteiza dijo estar cediendo). No parece lógico, según Gómez Sánchez, que se entregue toda una obra, se cree una entidad para difundirla y se encomiende esta tarea a quien solo se le está dando la propiedad material sobre algo que nunca podrá utilizar por sí mismo. En el acta notarial de 1992, Oteiza manifestó que cedía la obra “y todos los elementos que tengan que ver” con ella, expresión que solo puede entenderse como una cesión total de esa obra, incluyendo los derechos para explotarla. En definitiva, si se dice expresamente que se cede una obra se debe entender que se entrega como algo explotable, porque de lo contrario lo que se está haciendo es donar unos meros objetos y eso no es lo que Oteiza declaró ante notario. Esta tesis se apoya en el contenido del acta de constitución de la Fundación en 1996, a la que el propio Oteiza encomendaba exhibir y difundir su obra poética y teórica, algo para lo que es indispensable contar con los derechos sobre las obras. Que Oteiza no mencionara expresamente que cedía esos derechos no implica que no los estuviera entregando, ya que todas sus declaraciones y la misma naturaleza de la Fundación que quiso constituir suponen la necesidad de disponer de ellos. La Ley de Propiedad Intelectual requiere que las cesiones sean expresas y consten por escrito, pero al mismo tiempo contempla que, si no se expresaron de modo concreto las modalidades de explotación de la obra, se entenderá que la cesión alcanza a aquellas que se deduzcan del propio acuerdo y sean indispensables para cumplir su finalidad.

…La solución, en manos del Tribunal Supremo.

(publicado en Diario de Navarra, 18 de septiembre de 2015)