La Ley Sinde ha hecho, por fin, su debut. La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura ha tramitado su primer expediente de retirada de contenidos a instancias de AGEDI (le entidad de gestión colectiva que agrupa a los productores fonográficos), que ha denunciado la existencia y la accesibilidad de un disco recopilatorio de Luz Casal en un servidor domiciliado en Suiza (uploaded.to), al que puede llegarse desde un enlace dispuesto en la página española bajui.com. Ambas (uploaded y bajui) han sido notificadas por la Comisión, y a ambas se les exige la inmediata retirada de los contenidos señalados.

La carga contra bajui.com se fundamenta en su consideración como “prestadora de un servicio de intermediación usado para que un tercero infrinja un derecho de propiedad intelectual”: bajui facilita que un usuario, siguiendo el link, acceda al archivo descargable que contiene el disco de Luz Casal. Desde el momento en que AGEDI acredita que ese disco no se encuentra ofrecido al público para descarga de forma autorizada por sus titulares, el comportamiento puede reputarse infractor de los derechos de explotación sobre el fonograma así expuesto a descarga y la obra musical que contiene.

Hasta aquí, nada especialmente nuevo ni relevante; ya sabíamos qué papel iba a desempeñar la Comisión armada por la Ley Sinde para estos cometidos, y ni la calificación de los hechos ni el procedimiento inmediato de exigencia de retirada del archivo a uploaded.to y del link a bajui.com resultan sorprendentes.

Sin embargo, el problema es de orden práctico: imaginemos que uploaded y bajui se toman en serio el requerimiento y eliminan de sus respectivos espacios el archivo y el link y que AGEDI posteriormente ejercita las acciones correspondientes para resarcir el daño eventualmente causado. Sobre todo ello, recae una prohibición de futuro añadida; no sólo se deben eliminar los contenidos ilegales y afrontar la responsabilidad que cupiera exigírseles por su utilización hasta el momento en que AGEDI ha invocado la intervención de la Comisión, sino que queda prohibida (lógicamente) la futura disposición de cualquier nuevo enlace que condujera a ese mismo contenido (así como, claro, el realojo de ese archivo ilegal). Y aquí empiezan las dificultades.

Porque la pregunta es sencilla, pero difícil de responder: ¿se puede exigir a una página como bajui que controle el contenido y el destino de todos los links que sus usuarios suban a su interior?… ¿No es eso una exigencia de vigilancia inatendible por resultar prácticamente imposible?… ¿Y a un sistema de intercambio global como uploaded.to?… ¿se le puede / debe exigir otro tanto?

Y las respuestas son múltiples. Una página como bajui, en mi opinión, no sólo es posible sino que es del todo exigible que controle qué aloja, porque es una página de contenidos. Por mucho que los links puedan ser subidos por los usuarios y el administrador de la página sólo actúe como coordinador de la información proporcionada por terceros: desde el momento en que está ofreciendo personalmente esos enlaces por razón de lo que contienen, creo que lo menos que cabe exigir es que verifique precisamente qué contienen, y que no dé acceso a los que conduzcan a obras protegidas o a contenidos dudosos. Y tampoco es tan difícil señalar en qué puede consistir lo dudoso del contenido: un disco que esté a la venta (y esto es algo muy fácil de verificar) o una película que esté en exhibición o en alquiler (y esto es también muy fácil de verificar) tienen toda la pinta de ser contenidos sobre los que alguien tiene derechos que puede estar explotando. Y si no te queda claro, no lo publiques. Una página como bajui no tiene información ilimitada, ni funciona como servicio de transferencia global de archivos ni puede pretender un derecho a alojar toneladas de información que pase por encima de cualquier otro. Es una web de contenidos que espera distinguirse, precisamente, por la calidad de esos contenidos. Así que no hay ninguna razón para que no procure conocer qué está ofreciendo.

Con un servicio global como uploaded.to la cosa cambia. Si el volumen de alojamiento y transferencia de archivos es tan enorme como suele serlo en este tipo de servicios, la exigencia de control sobre los contenidos se vuelve una ilusión: uploaded.to no puede abrir cada fichero y examinar lo que contiene, porque su funcionamiento consiste en hacer circular millones de archivos independientemente de su contenido y, si debe ponerse a destripar cada uno, dejará sencillamente de funcionar. Debería bastar con que atienda a un requerimiento que señale qué archivos de los que aloja son ilegales y lo haga tan pronto como le sea posible, porque exigir otra cosa se hace inverosímil. Ese no era el caso de Megaupload (Megaupload era una verdadera Babilonia de la ilegalidad, con siete cabezas y olor a azufre), pero sí el de otros servicios como Rapidshare, que siguen siendo legales y resistiendo los embates judiciales de entidades de gestión en un delicado equilibrio.